Sala IV y TLC

Un extracto de un articulo publicado en un periódico nacional

Este resultado era previsible. ¿Qué otra cosa se podía esperar de magistrados como Luis Paulino Mora o la magistrada Ana Virginia Calzada, que fueron funcionarios de la primera administración Arias en el período 1986-1990? ¿Qué se puede esperar del magistrado Adrián Vargas, quien es esposo de una sobrina del presidente Arias y hermano del excontralor ligado al PLN? ¿Qué se puede esperar de otros magistrados como Luis Fernando Solano y Ernesto Jinesta, que han sido militantes activos del PLN y del PUSC y que, por tanto, están nombrados para legitimar jurídicamente los negocios de los hermanos Arias Sánchez?

Figuras que las mafias neoliberales aspiran a que logren resucitar el sistema corrupto y decadente del bipartidismo, que hoy es el responsable del avance en la destrucción del Estado social de derecho, el cual pretenden sustituir por un Estado liberal de mercado, mediante un TLC equivalente a una nueva Constitución Política de carácter neoliberal.

Cinco magistrados y dos magistrados. El nivel de arrogancia y corrupción es tan alto, que los magistrados Luis Paulino Mora y la magistrada Ana Virginia Calzada declaran inadmisibles las consultas de constitucionalidad presentadas por la defensora de los Habitantes y por un grupo de 19 diputados y diputadas. Nos quieren hacer creer que en tan solo un mes se leyeron a fondo, más de 3.000 páginas de un documento casi ininteligible aún para los más expertos.

Resaltamos las posturas de los magistrados Gilberth Armijo y Fernando Cruz, que declaran que es inconstitucional por:
a) lo dispuesto en cuanto a la Comisión de Libre Comercio;
b) del Capítulo de Telecomunicaciones lo que se refiere a la aplicación retroactiva del Anexo 13; c) lo dispuesto en materia ambiental, salvo lo relativo a la participación ciudadana;
d) lo relativo al proceso de certificación en los Estados Unidos;
e) el arbitraje inversionista-Estado;
f) la figura de la Comisión de Libre Comercio;
g) el tema de los medicamentos en el Capítulo de Propiedad Intelectual; y
h) en lo que respecta a resolución de controversias, inversiones y salud, en cuanto afecta el Estado social y democrático de derecho.
i)El magistrado Armijo, además, considera inconstitucional el concepto de territorio establecido en el Tratado.

El TSE ha perdido toda legitimidad desde la elección presidencial anterior en la que cohonestó un fraude electoral que le permitió a Óscar Arias ser hoy presidente de la República. En relación con el referéndum, primero violentaron el procedimiento al desconocer la primera iniciativa para hacer una convocatoria por medio de la recolección de firmas y autorizaron el "decretazo" presentado por Casa Presidencial para favorecer los intereses de la oligarquía nacional y transnacional. Han promulgado un reglamento tan omiso que deja todos los portillos abiertos a los promotores del Tratado para que puedan financiarse en forma millonaria, sin ninguna restricción y que además no garantiza ningún tipo de equilibrio en términos de propaganda ni de acceso a medios de comunicación, y no establece el más mínimo requerimiento respecto a la fiscalización y transparencia del proceso para evitar la posibilidad de fraude, como puede ser establecer que el voto sea mediante la impresión de la huella dactilar.

Secuestro institucional. Queda demostrado que con este pronunciamiento de la Sala IV y con la decisión de dictaminar que no hay tampoco ningún roce constitucional para que se le aplique la "vía rápida" al TLC y a los proyectos privatizadores de la agenda de implementación, el actual régimen de los Arias decidió romper el orden constitucional y secuestró la institucionalidad costarricense para favorecer los intereses de la oligarquía nacional y de las transnacionales.

Pedro Araya B.